El ejercicio de la abogacía por parte de Alcira Ranieri de Pivel Devoto fue lateral dentro de su trayectoria laboral, la cual estuvo centrada en la docencia en enseñanza secundaria. Sin embargo, fue un trabajo significativo por las características de sus defendidos que fueron presos comunes que no tenían recursos para costearse un abogado, y presos políticos juzgados durante la dictadura cívico militar.

A instancias del padre Ignacio Marlés, de la parroquia Nuestra Señora del sagrado Corazón de Punta Carretas, ejerció junto al Dr. Arias la defensa de presos que se encontraban en el penal contiguo y que no tenían recursos para costearse un abogado.

Por otro lado, inició la defensa de presos políticos con la representación legal de su propio hijo, Juan Pablo Pivel Ranieri, detenido por las Fuerzas Conjuntas el 28 de mayo de 1972 y procesado cuatro meses después por la justicia militar por atentado a la Constitución en grado de conspiración, asociación para delinquir y fabricación de explosivos. Desde setiembre de 1972 la defensa estuvo a cargo del Dr. Fernando Oliú. A partir de agosto de 1973, Alcira Ranieri de Pivel Devoto se incorporó como codefensora y, posteriormente, quedó a cargo de forma exclusiva de la defensa de su hijo.

Juan Pablo Pivel Ranieri fue condenado en primera instancia a 6 años de penitenciaría, pese a que la acusación fiscal pedía solo 4 años y medio de pena. Tras apelar el fallo, el Supremo Tribunal Militar rebajó la pena a 5 años en sentencia del 4 de mayo de 1976. Fue liberado el 2 de julio de 1977, día que partió rumbo a España donde reside desde entonces.

Mientras tanto, en esos años de la década de 1970 Alcira Ranieri de Pivel Devoto inició la defensa de otros presos políticos, cuyos defensores fueron partiendo al exilio.